El abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, criticó hoy a la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, por haber calificado de «curro» al resarcimiento económico otorgado a víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y mostrarse a favor de reimplantar el Servicio Militar Obligatorio.
Las declaraciones de Villarruel «generan escalofríos, porque a 40 años de democracia todavía pedimos justicia por los soldados torturados en Malvinas por cuadros de las fuerzas armadas», dijo Guerrero Iraola en declaraciones a Radio Provincia.
El abogado aseguró que en la Argentina aún «hay cuentas pendientes en relación» a los delitos cometidos por la última dictadura cívico militar, entre ellos las torturas y vejaciones denunciadas por quienes combatieron en la guerra de 1982 por la soberanía de Malvinas.
«Hay muchas personas que sufrieron en carne propia estos crímenes y torturas y aguardan una respuesta del Estado», expresó el abogado.
En una entrevista concedida al canal La Nación+, Villarruel calificó de «curro» para referirse al resarcimiento económico entregado a víctimas de crímenes de lesa humanidad.
El término «curro» había sido expresado en 2014 por el entonces candidato a la presidencia Mauricio Macri, en la actualidad aliado político del postulante presidencial de LLA, Javier Milei.
«Conmigo se acaban los curros en derechos humanos», había dicho Macri también en una entrevista.
«Cuando hablamos de los derechos humanos, desgraciadamente hay un curro y se ha utilizado una causa dolorosa de todos los argentinos para recibir indemnizaciones, subsidios, cargos públicos y viajes», aseveró esta vez Villarruel.
Y agregó: «Le han otorgado indemnizaciones a personas por supuestas desapariciones en los 70 y que son personas que no murieron por ninguna acción del Estado».
Para Guerrero Iraola, Villarruel «es claramente apologista» de la última dictadura militar y con sus dichos «enciende luces de alarma» porque, a su criterio, La Libertad Avanza representa «un espacio político que busca reeditar lo que generó muchísimo sufrimiento» en el país.
Acerca de la propuesto de reimplantar el Servicio Militar Obligatorio que Villarruel había planteado a mediados de 2022, Guerrero Iraola opinó que «bajo falsas premisas de seguridad», lo que en realidad se busca con una medida de este tipo es «habilitar dispositivos de control social».
Consultado acerca de si el Servicio Militar podría ser un instrumento para la defensa nacional, Guerrero Iraola opinó que «cada vez que la Argentina generó avances significativos» en materia de conflictos de defensa «fue por la vía de la diplomacia y la paz».
«Cuando la dictadura realizó la infame guerra de Malvinas, nos llevó a un retroceso enorme de reivindicación soberana», afirmó.
Para el abogado de los excombatientes platenses, «lo que subyace en los planteos de Villarruel son los distintos niveles de ciudadanía», porque cuando «habla de contención social, entiende que los sectores de bajos recursos tienen que ir a estos organismos castrenses a socializarse».
«No está pensando en los pibes de familias de altos ingresos», sino «en los de los barrios», a quienes «nosotros queremos en igualdad de condiciones para el ejercicio de una ciudadanía plena y no reducidos a guetos para que los torturen, les peguen y maltraten por haber nacido en un barrio popular», sostuvo.
El Servicio Militar Obligatorio fue derogado en 1994 por el entonces presidente Carlos Menem después del asesinato del conscripto Omar Carrasco mientras cumplía con el servicio en la guarnición de la ciudad neuquina de Zapala.
Carrasco murió como consecuencia de los castigos físicos que le aplicaron dos conscriptos por órdenes directas de su superior como parte de un «baile», eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico que recibía un recién ingresado al Ejército.
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